MEXICO DF (Reuters) - El Senado de México aprobó el martes en comisiones varias leyes que reglamentarán una controvertida e histórica reforma energética, que busca abrir el sector de los hidrocarburos a la inversión privada y elevar la estancada producción de petróleo y gas del país.
La iniciativa energética forma parte de una amplia agenda de reformas que el Gobierno lanzó con la promesa de apuntalar una economía local que ha tenido un magro crecimiento en los últimos años, incrementar la tasa de empleo, y mejorar el poder adquisitivo de la población.
Y aunque las comisiones del Senados aprobaron el martes la totalidad de los dictámenes de un grueso de la reforma, estos aún deben pasar al pleno de la Cámara Alta para ser sancionados -lo que podría ocurrir esta semana- y posteriormente ir a la consideración de la Cámara de Diputados.
En tanto, la Cámara Baja tiene otro paquete de leyes reglamentarias de energía, que incidirán en los ingresos a las arcas estatales, que en su momento aprobarán y enviarán al Senado.
Los legisladores dieron el visto bueno al medular proyecto de la Ley de Hidrocarburos, que establece la propiedad directa del Estado sobre los hidrocarburos, los tipos de contratos que podrá suscribir México con el sector privado para explotarlos, las normas para licitaciones, lineamientos para los yacimientos transfronterizos y los roles del regulador y otras dependencias.
En momentos en que la producción petrolera mexicana va en declive, el Gobierno asegura que esta ley traerá seguridad energética al país y aumentará las tasas de restitución de reservas de petróleo y gas.
Antes de que fuera votado en comisiones, los senadores del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) se retiraron del debate, en protesta contra la reforma, porque aseguran regalará la riqueza petrolera del país a los grandes capitales nacionales y extranjeros.
EL DETALLE
La Ley de Hidrocarburos establece que para la licitación de contratos la Secretaría de Energía podrá incluir al Estado mexicano a través de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) o otra empresa o vehículo financiero estatal, como participante de algún consorcio.
En casos muy específicos, esta participación no podrá exceder del 30 por ciento de la inversión del proyecto.
Pero para los contratos de exploración y extracción en áreas en donde podrían encontrarse yacimientos transfronterizos, se podrá establecer una participación obligatoria -de al menos un 20 por ciento- de Pemex u otra empresa del Estado.
Si se confirma la existencia de un yacimiento transfronterizo, se procederá según lo pactado en convenios de operación con base a los tratados internacionales que tiene suscritos México.
Además, la Ley de Hidrocarburos establece las causas de revocación de contratos, sanciones y multas por incumplimiento, y obliga a los contratistas o asignatarios a indemnizar a los propietarios de tierras donde sea posible explotar hidrocarburos.
La legislación también obliga a quienes tengan contratos de exploración y explotación a que el contenido nacional -es decir la cantidad de materiales, equipos e insumos de origen mexicano- promedie al menos un 35 por ciento en 10 años, arrancando con un 25 por ciento en el 2015.
La regla no aplica a los proyectos en aguas profundas, para los que la Secretaría de Economía establecerá el porcentaje.
Los otros tres dictámenes abarcan nuevas reglas de operación para las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como "empresas productivas del Estado", así como de los órganos reguladores.
Según el Gobierno, la reforma energética también permitirá bajar los costes de la electricidad para los hogares y las industrias y promoverá el uso de energías limpias.
No obstante, varios analistas aseguran que los efectos de la reforma no se verán sino hasta dentro de unos años, tanto en lo referido al incremento sustancial en la producción de hidrocarburos como en la incidencia en las tarifas de electricidad y gas.
