Atenas, 12 jul (EFE).- El Gobierno griego envió hoy una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un préstamo de 1.600 millones de euros a cambio de realizar una serie de reformas que incluyen restringir el derecho de huelga y liberalizar varias profesiones, según el diario Kathimerini.
El Gobierno se comprometería además a que si no se consiguen los objetivos financieros del tercer paquete de rescate, aprobado por el Gobierno de Alexis Tsipras en agosto de 2015, tomará nuevas medidas de austeridad.
Las medidas que restringen el derecho de huelga serían aprobadas antes del próximo septiembre.
Esto se concretaría, por ejemplo, en que para que un sindicato pudiera declarar huelga sería necesaria una asamblea general en la que participaran al menos el 50 % de sus afiliados.
Se trata de una antigua exigencia del FMI a la que se oponía antaño con firmeza Syriza, tanto en la oposición como en el Gobierno.
El año pasado, el Gobierno cedió a las exigencias de las instituciones acreedoras del país - Comisión Europea (CE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Banco Central Europeo (BCE) y el propio FMI- y liberalizó la legislación laboral sin tocar las disposiciones relativas a la huelga.
El Ejecutivo se comprometería asimismo a poner un techo a los contratos temporales en el sector público para los años 2017 y 2018, con los que durante estos años de crisis ha cubierto las necesidades del Estado de maestros, médicos, personal de enfermería y otras profesiones clave para la función pública.
En caso que algunos contratos temporales se transformaran, por decisiones de tribunales, en contratos fijos, el Gobierno se compromete que la aplicación de las decisiones de la Justicia no afectará los objetivos financieros del periodo 2018-21.
Además el Gobierno, a cambio de este préstamo, aplicaría las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la liberalización de los mercados.
En concreto levantaría los impedimentos existentes para la oferta privada de servicios legales, de sanidad, etc. y aprobaría medidas que aceleraran la atribución de las licencias necesarias para las inversiones.
Grecia está obligada a pedir este préstamo, que forma parte de los 86.000 millones de euros del tercer paquete de rescate de Grecia, que vence en agosto de 2018, aunque no lo necesite, por exigencia de Alemania y otros países europeos.
Atenas tiene previsto comenzar a financiarse en los mercados y hacer salidas de prueba antes del agosto de 2018.
En la carta el Gobierno admite que la deuda aún no es sostenible -a pesar de las medidas de alivio a corto plazo acordadas por las instituciones europeas- y que serán necesarias más medidas, que serán acordadas cuando concluirá el programa de rescate, según decidió el Eurogrupo.
Hasta ahora el papel del FMI ha estado limitado al de asesor técnico, pues consideraba la deuda soberana griega no sostenible, lo que por sus estatutos impide acordar un préstamo con Grecia. EFE Economía
