NOTIMEX - La crisis cambiaria que provocó una devaluación del 25 por ciento del peso argentino en las últimas semanas ya derivó en un alza generalizada de precios y en un malestar creciente de la población.
A pesar de que el presidente Mauricio Macri dio por terminada la crisis la semana pasada, los efectos son múltiples y el que más directamente le llega a los ciudadanos es el de los precios de productos básicos.
Organizaciones de supermercadistas reconocieron que los aumentos del último mes oscilan entre el 5.0 y el 15 por ciento, a pesar de que el propio presidente se reunió con empresarios para pedirles que no trasladen los incrementos del dólar a sus productos.
La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue más allá y advirtió que denunciará con nombre y apellido a los empresarios que aumenten precios de manera injustificada ya que sus insumos no dependen de la divisa estadunidense.
El mes pasado, la consultora Focus Market ya había reportado aumentos del 15.3 por ciento en las harinas, 9.3 por ciento en focos, 7.7 por ciento en pastas secas, 6.7 por ciento en flanes y más del 4.0 por ciento en yerba mate, aceite y queso untable.
Además de los alimentos, desde que Macri asumió como presidente en diciembre de 2015, la tarifa de luz en Buenos Aires y la zona metropolitana subió en promedio un mil 700 por ciento, mientras que el gas ya superó incrementos del mil por ciento.
En el caso del agua, el aumento roza el 500 por ciento, lo que completa el trío de “tarifazos” en servicios públicos básicos a los que el gobierno ha ido eliminando de manera paulatina los subsidios con el pretexto de sanear las cuentas del Estado.
Aunque en el resto de las provincias argentinas existen tarifas diferenciadas, las alzas en Buenos Aires y la zona metropolitana tienen un mayor peso por ser la capital y porque es una zona en la que viven 13 millones de habitantes, más del 30 por ciento de la población total del país.
A ello se le suma el incremento del 76 por ciento de los servicios médicos, porcentaje prepagado acumulado desde diciembre de 2015, más el freno al alza de los combustibles logrado de manera temporal por el gobierno, pero que en algún momento se tendrá que hacer efectivo.
El caso del transporte es otro foco de conflicto, ya que el boleto de autobuses urbanos y trenes de cercanías de esta capital aumentó 50 por ciento tan sólo durante este año, mientras que el incremento del 46 por ciento al boleto del metro está paralizado por la justicia.
El problema para los trabajadores es que todos los aumentos superan el techo de 15 por ciento que se impuso este año a los aumentos salariales, cifra que se estableció de acuerdo con una irreal meta inflacionaria prometida por el gobierno.
Bajar la inflación a un dígito fue una de las principales promesas de campaña de Macri cuando fue candidato a presidente, pero una vez que llegó al cargo, no pudo cumplirla.
Macri predijo que en 2016 la inflación sería del 25 por ciento pero llegó al récord del 40 por ciento, y al año siguiente prometió que sería de entre el 12 y el 17 por ciento, pero la cifra final fue del 25 por ciento.
Para 2018, las previsiones oficiales erraron nuevamente y las contradicciones incluso se anticiparon, ya que en diciembre pasado el propio gobierno corrigió de manera sorpresiva los datos y aumentó del 10 al 15 por ciento las estimaciones de inflación para 2018.
Sin embargo, después de la crisis cambiaria, los funcionarios y las consultoras privadas esperan que la inflación ronde, con suerte, el 25 por ciento, lo que implicará un drástico encarecimiento de vida que no podrá ser subsanado por salarios que sólo crecieron el 15 por ciento. NMX