Un juez federal en el territorio estadounidense falló el lunes que un impuesto modificado a la propiedad tangible es inválido. La isla está buscando nuevas fuentes de ingresos en medio de una crisis económica que ya lleva 10 años. Una portavoz dijo que el Departamento de Justicia de Puerto Rico considera la posibilidad de apelar la decisión.
Wal-Mart, el mayor empleador privado de Puerto Rico, dijo en una demanda que interpuso en diciembre que el impuesto era anticonstitucional. El juez federal José Antonio Fuste dijo en su fallo de 109 páginas que la secretaría del tesoro de la isla debe inmediatamente dejar de imponer, recolectar y forzar la aplicación del impuesto. Recordó que los legisladores de Puerto Rico habían aumentado el impuesto en 325% en mayo de 2015 en un proceso acelerado de aprobación para recoger ingresos de Wal-Mart.
Agregó que si el impuesto siguiera en vigencia, generaría más de 40 millones de dólares en “impuestos inconstitucionales... para un gobierno insolvente sin esperanza alguna de que los contribuyentes fueran reembolsados en el futuro previsible. Esa es la misma definición de un remedio inadecuado”, escribió, y agregó que 10 millones de dólares de esos ingresos habrían sido de Wal-Mart solamente.
El juez agregó que el gobierno debe ser más transparente y que los puertorriqueños merecen conocer la verdad sobre el origen de la crisis económica.
El representante Luis Vega Ramos dijo que el impuesto no viola ninguna ley y sostuvo que no era discriminatorio porque se basa en volumen de ventas. Agregó que la empresa demandante tiene 3,000 millones de dólares en ventas anuales “y se queja de pagar 45 millones en impuestos”, afirmó. Dijo que en momentos de crisis fiscal, los que tienen más deben contribuir de acuerdo con sus ganancias reales.
Funcionarios del gobierno han advertido que los fondos de la isla se agotarán en junio. Puerto Rico tiene una deuda pública de 70,000 millones de dólares que, según el gobernador, es impagable y necesita una reestructuración.
El fallo se produce en momentos en que Wal-Mart se prepara para cerrar siete locales en Puerto Rico como parte de un plan de eliminar 269 locales en el mundo.
Agregó que si el impuesto siguiera en vigencia, generaría más de 40 millones de dólares en “impuestos inconstitucionales... para un gobierno insolvente sin esperanza alguna de que los contribuyentes fueran reembolsados en el futuro previsible. Esa es la misma definición de un remedio inadecuado”, escribió, y agregó que 10 millones de dólares de esos ingresos habrían sido de Wal-Mart solamente.
El juez agregó que el gobierno debe ser más transparente y que los puertorriqueños merecen conocer la verdad sobre el origen de la crisis económica.
El representante Luis Vega Ramos dijo que el impuesto no viola ninguna ley y sostuvo que no era discriminatorio porque se basa en volumen de ventas. Agregó que la empresa demandante tiene 3,000 millones de dólares en ventas anuales “y se queja de pagar 45 millones en impuestos”, afirmó. Dijo que en momentos de crisis fiscal, los que tienen más deben contribuir de acuerdo con sus ganancias reales.
Funcionarios del gobierno han advertido que los fondos de la isla se agotarán en junio. Puerto Rico tiene una deuda pública de 70,000 millones de dólares que, según el gobernador, es impagable y necesita una reestructuración.
El fallo se produce en momentos en que Wal-Mart se prepara para cerrar siete locales en Puerto Rico como parte de un plan de eliminar 269 locales en el mundo.
